CAPÍTULO 8
Las posibilidades que abría la ley de 1957, al crear el título de Doctor Ingeniero, y en consecuencia establecer un marco adecuado para que las escuelas se convirtiesen también en centros de investigación, y no sólo de enseñanza, dio lugar a cambios profundos en la forma de abordar la vida profesional por parte de los profesores de esos centros. Estos habían sido tradicionalmente profesionales destacados que dedicaban una parte de su tiempo a la formación de los que serían sus futuros compañeros. La nueva forma exclusiva de ejercer la actividad universitaria no contaba con el beneplácito de todo el mundo. Se decía que con el método tradicional se lograba, en las enseñanzas propiamente técnicas, una transmisión del conocimiento específico y profesional que tenía características que se temía que serían muy difíciles de lograr con el sistema universitario convencional que se estaba imponiendo. Eso es lo que invocaban los detractores de la adopción por las escuelas de la dedicación exclusiva del profesorado. Pero, pese a ello se produjo una amplia mutación por la cual, en pocos años, tanto en escuelas tradicionales, como la de industriales de Madrid, como también en las de reciente creación, como la de Sevilla, se pasó de un profesorado en el que no existía (ni siquiera la posibilidad administrativa) de la dedicación exclusiva a que la práctica totalidad de los profesores se adhirieran a ella.
Ello representaba notables problemas pues el contacto con la actividad práctica industrial es absolutamente necesario para que las escuelas de ingenieros mantengan su especificidad y no se conviertan en centros en los que se cultive el conocimiento técnico sin ningún contacto con la actividad profesional, con un soporte exclusivamente libresco. Se dijo entonces que había que organizar en las escuelas el equivalente a lo que eran los hospitales universitarios con respecto a las facultades de medicina, salvando todas las distancias. Hubo que idear procedimientos imaginativos para resolver esta carencia. En Sevilla se fundó la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, que lleva precisamente el nombre de Francisco de Paula Rojas, y que se conoce normalmente por sus siglas AICIA, con el fin de tener un marco legal eficaz para regular las relaciones de los Departamentos de la Escuela con las empresas del entorno. No es necesario dedicar espacio a glosar esa Asociación, pues es bien conocida. En un principio su aceptación por la Universidad fue muy difícil y tortuosa, pero al fin la propia Universidad ha creado una Fundación que es un remedo de la AICIA, lo mismo que otros centros de la misma institución. En este orden de cosas las Escuelas en Universidades Politécnicas se han desenvuelto con mayor fluidez y comodidad, sin asumir riesgos innecesarios, por lo que se comprenderá que se siga añorando ese tipo de universidad en Andalucía.
