La crisis de Volkswagen causada por las denuncias de la EPA [Agencia Medioambiental de EEUU] junto con el reconocimiento por parte de la empresa de que hicieron trampas en las pruebas de emisión de gases de su popular línea de motores diesel TDI, ha costado a la compañía, hasta el momento, más de un tercio del valor de sus acciones -o alrededor de US$ 26 mil millones-, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad de la empresa. El descubrimiento también forzó la salida de su consejero delegado, Martin Winterkorn, que el 23 de septiembre anunciaba su dimisión.
Y el cuentakilómetros aún no se ha parado.
Según la EPA, las multas pueden llegar a alcanzar los US$ 18 mil millones, además de las demandas individuales y colectivas en curso presentadas por los antes leales clientes de la empresa que pensaban que estaban comprando un vehículo avanzado, compatible con el medio ambiente, para luego descubrir que habían estado contaminando el aire a niveles mucho más altos de lo indicado.
La caída significativa del precio de la acción se produjo inmediatamente después de hacerse públicas las informaciones de que unos 11 millones de automóviles en todo el mundo se han visto afectados, no sólo los cerca de medio millón de vehículos de las marcas Volkswagen y Audi que se venden en EEUU desde 2009 equipados con un dispositivo llamado “defeat”, [que se encarga de las pruebas de contaminación], tal y como se anunció inicialmente. El dispositivo es en realidad un software que distorsiona el volumen de emisión de gases y las lecturas. De hecho, las emisiones liberadas en la carretera pueden ser hasta 40 veces más altas que las encontradas en la realización de pruebas en los motores de los Volkswagen TDI diesel, según las noticias publicadas en la prensa.
Ahora que el Departamento de Justicia está haciendo una investigación criminal complementaría a las acusaciones de la EPA, surgen dudas sobre el futuro de Volkswagen y los coches diesel en los EEUU, los posibles daños a la imagen de los fabricantes alemanes en general y también sobre los daños para la salud y el medio ambiente causado por la información falsa.
El último golpe a los fabricantes de automóviles se produce justo después de la controversia protagonizada por General Motors. Recientemente, la compañía acordó pagar US$ 575 millones para poner fin a una demanda presentada por un accionista relacionada con el uso del arranque defectuoso que provocó la muerte de 15 personas y causó heridas graves a un número indeterminado de otros individuos. GM también pagó US$ 900 millones para resolver una investigación criminal federal y posiblemente se enfrente incluso al pago de miles de millones de dólares más por la posible responsabilidad de haber puesto en peligro la vida de los consumidores que lo acusan de no haber tomado ninguna medida cuando se supo el problema.
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